Lo nuestro y lo mío

No parece que la gente se encuentre muy motivada con asuntos como la sanidad pública. El personal que ve de lejos el dinero que se mueve en una u otra dirección está más preocupado por los mensajes de crisis y desempleo, subida de precios e intereses a pagar que por un tema que parece de gestión de fondos. El argumento que se da es que la gestión privada supone un aumento de la eficacia, y ésta es imaginada como que los ciudadanos pagando lo mismo van a tener a su alcance unos servicios similares a los de una clínica privada, de ésas a las que acude lo más florido de la sociedad ya sea para un retoque estético, un embarazo o un parto. Pero existe una movilización con el tema de la privatización de la sanidad pública.

¿Cual sería un argumento de suficiente peso como para motivar al personal?. El bolsillo podría ser uno, pues es el que más cercano tiene. Se podría argumentar que si introduces en un sistema público un intermediario que funcione por principios de empresa, introduces un elemento que está para hacer beneficios en primer lugar, es decir que si gastabas en sanidad 1.000 a partir de ese momento tendrás que descontar la parte de beneficios del intermediario y las 1.000 se te pueden quedar en 500, de tal manera que si quieres mantener el mismo nivel de inversión, deberás incrementar el gasto en el porcentaje que sea para incluir los beneficios e impuestos de la empresa intermediaria. En resumen, los mismos servicios supondrán un mayor gasto.

Pero por algún motivo, que se puede intuir, los agentes involucrados en denunciar esta situación no recurren a este argumento. Puede que sea por no poder enfrentarse a que la situación se repite en todos lados independientemente de quien gobierne en la respectiva autonomía y eso impide poder argumentar en este sentido. Por otro lado, los que se manifiestan contra la actual situación son principalmente personal de la sanidad pública, sindicatos (de personal de la sanidad pública) y miembros (y miembras, vale, vale) de algunas asociaciones de vecinos movilizados por que la decisión les afecte personalmente; y para rematar, representantes de partidos políticos en la oposición. En resumen, no son ciudadanos de a pié, son parte integrante del proceso todos, menos los vecinos.

¿Y qué perciben los ciudadanos, o al menos una parte de ellos?. Pues que durante los últimos años la sanidad pública española, convertida en 19 sanidades públicas, como administración pública no ha sabido o ha sido incapaz de articular mecanismos para cubrir el déficit de personal médico y sanitario, cosa que no sucede en los países vecinos, que no han tenido problema alguno en contratar al personal con tal perfil laboral que quisiese emigrar desde España a estos países para trabajar en su especialidad. Por algún motivo, la sanidad pública española atomizada en sanidades autonómicas no se ha preocupado por dotar de personal sanitario suficiente al propio sistema público. Es decir, desde dentro no parecía que pudiera caber ni uno más, pero desde fuera faltaba personal para cubrir las necesidades reales.

Y entonces es cuando se encuentra una solución a la española, es decir la que más pueda perjudicar los intereses de los ciudadanos, se pueden "importar" médicos por ejemplo de países del este ya que la diferencia salarial con España es tan grande, que podrán cubrir las plazas que no se han querido cubrir con personal de igual formación pero españoles. ¿Y cómo articular este mecanismo para que no haya que cargar de por vida con estos médicos de importación?. Creando una empresa interpuesta con la que se vincule laboralmente al personal contratado de manera que no haya vínculo alguno entre éste y la sanidad pública.

Así pues, desde fuera la cosa puede tener aspecto de "asuntos internos", el personal de la sanidad (o una parte) protesta por la privatización del sistema, otra parte si sale beneficiada estará a favor. Alguno habrá que ya se haya planteado compatibilizar su trabajo en la sanidad pública y en la neonata privada concertada aumentando sus ingresos, si ya ha firmado, seguro que no se opone. ¿Sea de la postura que sea, alguno de ellos perderá su empleo?, pues de entrada, no.

¿Cual es la principal preocupación de los españoles?. La crisis, la economía, la hipoteca, el paro...en realidad el que les preocupa es éste último que aparece escondido en los otros temas de preocupación. ¿Cómo se percibe que un grupo de gente que no puede perder su empleo se manifieste reivindicando una sanidad pública?, ¿son usuarios de la misma o al final va a ser que ellos en particular no lo son por usar una sanidad privada concertada paralela a la pública?, ¿no serán estos colectivos los mismos que han creado mecanismos para que no se pudiera contratar al personal necesario?, ¿estas medidas de acotamiento del acceso al ejercicio de la profesión en la sanidad pública han justificado la necesidad de construir cortafuegos mediante empresas interpuestas para poder realizar las contrataciones mediante subcontratas?.
¿Qué sanidad pública se quiere que el ciudadano reclame, la que no se ha preocupado de cubrir las necesidades contratando al personal que hacía falta?.

Visto así, la situación empieza a parecer absurda. En fin, que no parece muy racional eso de fragmentar la sanidad pública en 17 sanidades regionales si al final cada gobierno local hará de su capa un sayo y de la correspondiente sanidad una herramienta de beneficios a terceros o de oposición al gobierno de la nación. Pero cuando se planteó la situación desde la sanidad pública no pareció levantarse mucho la voz, pues ya se había hecho saber al personal, que en una sanidad transferida los sueldos iban a ser mayores. El resultado ha sido que el personal de las distintas sanidades públicas anota cuanto es el máximo que se cobra por sus labores entre todas, y piensa que si lo cobra uno de tal sitio, por qué él o ella no va a cobrarlo también. Cosa previsible si no existe una unificación de salarios.

Así que el proceso al ciudadano de a pié puede parecerle chirriante. No hay médicos, los que había han emigrado, hay que traer personal sanitario de terceros países al mismo tiempo, y para esto hay que interponer contratas para que sean despedibles y trabajen por menos salario.

Hagamos historia ficción; el personal de la sanidad pública se opone manifiestamente a que ésta sea atomizada en 17 sanidades regionales. el personal de la sanidad pública exige que se creen mecanismos para poder cubrir las necesidades crecientes de personal. El personal que se pudiera haber sentido atraído por las ofertas de trabajo fuera de España encuentra que tiene las mismas posibilidades laborales en la sanidad pública española. Se soluciona el déficit de personal sanitario en la sanidad pública y mejoran sus servicios. Como suele suceder con la historia-ficción, al final uno reflexiona sobre por qué las cosas no han sucedido como debieran de haberlo hecho de buscarse la solución más lógica, pero esto no ha sucedido así.

¿Cuál es la contraoferta que hacen quienes denuncian la actual situación?. Porque mantener el sistema existente que al final ha beneficiado casi en exclusiva a los profesionales que se han ido de España con buenos contratos y en condiciones laborales que no podrían encontrar aquí, no parece lo ideal. Como no parece reversible la situación, ni que haya intención alguna de cambiar nada, los mecanismos propios de la sanidad pública harán que sea necesaria la interposición de contratistas para evitar vínculos laborales con los contratados, los cuales evidentemente tendrán que cobrar menos que los del organismo contratante, faltaría más, pues son totalmente despedibles de entrada. Con lo cual, el mantenimiento del modelo anterior no solucionaría ningún problema por ser el origen en el fondo del mismo.

Pero en última instancia, al ciudadano de a pié puede que le de la sensación de que no puede hacer nada cuando las decisiones las toman los políticos, pues es costumbre en España que una vez obtenido el poder se pueda obrar con total impunidad y fuera del control ciudadano. Ahora mismo, el Ayuntamiento de Madrid tiene un cañón de más de un billón de las antiguas pesetas es decir más de 6.000 millones de euros, paga al día 750.000 euros de intereses, y luego uno lee que El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) español sólo cuenta con un patrimonio de 6.500 millones de euros para garantizar los ahorros de todos los españoles. Es decir, la deuda de un ayuntamiento iguala a la totalidad de lo que bancos y cajas tienen como provisión de fondos para responder frente a los 2,2 billones de euros de depósitos que tiene contabilizados el Banco de España.

Alguien se cree que se haya preguntado en algún momento a los ciudadanos de Madrid sobre este gasto?, ¿eran conscientes del tamaño del pufo que suponía cumplir el objetivo de hacer reales las imágenes generadas por ordenador de jardines arbolados con un río imaginario?, ¿cuando lo supieron, pudieron hacer algo al respecto?. Entonces ¿cómo se espera que los ciudadanos hagan nada si no tienen más capacidad que la del pataleo?. Si el gobierno autonómico decide hacer lo que le de la real gana, simplemente lo hará y punto, pues estas decidiones no se le consultan a la ciudadanía, se votan por parte de los representantes que para eso están. Y si no te gusta, espera a que acabe la legislatura de cuatro años y ve a votar a la lista política contraria a la actual confiando en que ésta haga lo que tú esperas que haga, claro.

Las convocatorias de movilización que salen de las administraciones no suelen gozar de las simpatías de los ciudadanos que no viven de ellas directamente, les suena tan remoto como si oyen que el duque de Lugo ha decidido no ir a un desfile de moda. Son cosas lejanas de gente que no es como el 95% de la sociedad ni vive sus mismas situaciones. Aquellos para los que el principal motivo de preocupación sea quedarse en el paro, frente a aquellos los que no les afecta pues están protegidos por la ley para que no puedan ser despedidos, les puede costar trabajo solidarizarse con los motivos que expresen, pues siempre estará presente en el fondo la diferencia que existe entre quien puede quedarse sin empleo y sin ingresos y quien tiene un trabajo blindado por ley y es indespedible. Es lo mismo que si la patronal pide comprensión a los trabajadores por sus despidos, todo un espectáculo, pero poco creíble.

Volviendo al principio "por una sanidad pública de calidad" o "salvemos la sanidad pública" no dejan de ser frases que se escriben en pancartas. Pero debajo de esto no parece haber ninguna estrategia para lograr objetivo alguno. Como no se define un modelo que sea operativo, si no la supervivencia del existente por parte del personal del propio sistema sanitario y la burocracia de éste que ha demostrado no ser capaz de cumplir con la obligación de cubrir las necesidades de los ciudadanos, la inexistencia de alternativa clara y explicable hace incomprensible la oferta.

Y esto tiene un problema de comunicación añadido; el receptor puede demostrar desinterés por el mensaje, según su idea del emisor. En caso de una movilización, no es lo mismo lo que digan las cofradías de pescadores si son éstos los convocantes, que lo que diga el personal de la dirección general del ministerio correspondiente en Madrid si lo son ellos, las situaciones de los emisores varía en función de que unos se arriesgan o corren peligro de perder lo que tienen y otros no van a perderlo nunca, y esa diferencia es abismal.

¿Y cual es la solución? ¡ah, me alegro de que me haga usted esta pregunta!...