No se puede trabajar bien si la administración de rango superior no está controlada por el mismo equipo que las dependientes, pues implica mucho más riesgo. La autonomía te puede aprobar un plan de ordenación y luego denunciarte por prevaricación y cohecho si consigue las pruebas, así que no es el modo más seguro. Las diputaciones provinciales son otras administraciones que gastan y por lo tanto susceptibles de sacaduros. Pero esto son minucias comparadas con el negocio del suelo y la construcción, como la gestión de zonas urbanizables recién recalificadas, o la gestión de hospitales, centros de mayores y servicios públicos varios. En resumen, toda administración puede contratar trabajos presuntamente acordes a sus finalidades, pasacalles varios, días de lo que sea, memorias e informes de cada una, hasta las fotocopias, todo se puede contratar fuera de manera que se pague dos veces por lo mismo. Y ahí está el de la trama correspondiente, los hay que trincan y los hay que presuntamente disimulan, pero podemos sospechar que siempre hay alguien de por medio cuando se gasta dinero público, que la administración no es un cajero automático.
¿Y cómo se puede llegar a este nivel?. Simple, o eres quien lo ha organizado, o puedes aspirar a ser comercial del mismo, siempre y cuando pertenezcas a un pequeño y reducido club de personas de confianza del que mande, pero en caso de caerse la timba estate seguro de que tú irás de cabeza a la cárcel, los otros puede que no, pues no dejan de ser peces gordos. Pensar que una factura debe de pasar unos procesos desde que se hace el concurso hasta que se paga por parte de la administración correspondiente.
Podemos hacer el siguiente experimento: nos presentamos en una administración, pedimos hablar con el jefe y le decimos que podemos organizarle un evento, pero eso sí, por un importe de de 150.000 euros, pero que esté dividido en 16 contratos de menos de 12.000 euros por los conceptos que sean, adjudicados sin concurso y a cobrar todas el mismo día, claro. A ver qué le dicen, sobre todo si añade que piensa organizar movidas del mismo tipo todas las semanas o mejor todos los días de la semana, porque ya sabemos todos que últimamente todos los días del año son el día internacional de algo que justifique el evento. Pero con sólo uno semanal, son 600.000 euros al mes, que no está mal, 7.200.000 euros al año. Qué son 1.000 millones de pesetas para una administración española, una minucia.
Y luego viene toda la obra civil que le quieran echar, que en esa firmas 4 y acabas cobrando 6. Pero también es cosa que se adjudica desde una administración, así que si no es desde dentro, poco puedes hacer. Y hay que tener en cuenta que los papeles dignos de toda sospecha como expedientes de contratación o de pagos pasan por un montón de manos, y llevan varias firmas para poder pagarse. Es decir que no lo puede hacer uno sólo con un pc y una impresora, hacen falta como decía la canción "todas las manos", el que lo recibe, el que lo pasa por intervención, el que lo pasa por contabilidad, el que lo firma, eso, pero 16 veces en el mismo día a la misma empresa, y así continuamente a lo largo del año.
Así pues debes de contar con más bendiciones que un santo para meter el hocico en estos negocios de los dineros públicos, que son en realidad todo el negocio. La Comisión Europea publicó hace días un informe que destaca la ineficacia del sistema español de redistribución de la riqueza. Sólo el sistema de Bulgaria es menos redistributivo que el de España. No es extraño, la riqueza no se redistribuye, se rifa en camarilla a mayor beneficio de los allí reunidos, hace falta toda una maquinaria funcionarial para organizar una saca de euros de tal calibre, pero, no es de extrañar que el sistema provoque una sangría de gasto público si está organizada desde dentro del propio estado, que es lo que son todas las administraciones a fin de cuentas.
Entre 1997 y 2007 el precio de la vivienda aumentó en un 288%, gracias al "boom inmobiliario" se han enriquecido los propietarios de suelo convertido en urbanizable o urbanizado, las empresas inmobiliarias que compraron suelo barato o rústico (que después se urbanizó) y quienes vendieron sus viviendas por encima de su valor.

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