Entre Pinto y Valdemoro

La galopante crisis española ha provocado un gran movimiento en las aguas políticas. Lo cierto es que por muy monstruosa que haya sio la burbuja inmobiliaria que provocó que en sólo una década entre 1990 y 2000 los precios de la vivenda se multplicaran por tres, nadie de ningún estamento político o administrativo aceptó ni siquiera que existiera. Pese a que en 2003 los precios ya habían llegado al tope y se hubiese quedado paralizado un mercado donde sobre millones de viviendas invendidas se construían millones más invendibles.

Y los partidos se ofrecen al público como alternativa a sí mismos, todos apoyaron que la burbuja se inflase y siguiese creciendo hasta estallar, y todos se ofrecen como remedio a la situación creada por ellos mismos. El caso es que se ponen a discutir quién lo haría mejor, pero nadie dice cómo. Está claro que si alguien va a pagar el pato no van a ser ni ellos ni las administraciones que dirigen desde sus cargos políticos.

Porque se habla del estado, de España, de la idea de España y del sentimiento nacional o nacionalista según toque en donde sea. Algunos partidos proponen a la ciudadanía la solución de recortar el gasto reduciendo ministerios y asesores, pero en una única administración, no en las 17 existentes que clonan la estructura en sus consejerías sumando una cifra mucho mayor de personal que la que proponen reducir.

Los analistas se dividen entre los que piden un gran acuerdo nacional, y los que piden elecciones anticipadas, según el partido al que representen a través de sus medios. Así que tenemos dos soluciones a la crisis, que los partidos y representantes de éstos elegidos por los votantes se pongan de acuerdo, como en una gran coalición o que haya elecciones generales inmediatamente, para ver si se puede cambiar al partido que gobierna.

Terrible situación, la alternativa a los que han cometido los errores que han conducido a la situación actual son los mismos que se postulan como sucesores de sí mismos, mientras algunos pocos esperan vivir de ser bisagras que permitan configurar mayorías convirtiéndose en los árbitros con unos cuantos votos. Sólo hay dos cosas que parecen poner de acuerdo a todos, impedir a los ciudadanos meter el hocico en sus decisiones y no permitir ni proponer ni tener que consultar nada a los ciudadanos, pues para representar a los mismos ya están ellos.

Así llegamos a situaciones cuanto poco esperpénticas, sobre todo en la relación de las dos Españas, la que firma y vota en Brusleas asumiendo perfectamente que un belga debe de tener reconocidos muchos más derechos sociales que un español, excepción hecha de ellos mismos, y los habitantes de su país de origen. Así pueden ser firmes defensores de que todos los europeos gocen de similar nivel de protección social, y votar con entusiasmo para que haya en todos los países una renta mínima que no existe en su propio país. Defendamos con tesón y ahínco el estado del bienestar que disfrutan en los países ricos donde han comprado ellos una casa a mucho mejor precio que en España.

Hasta pueden defender las bondades de unas políticas sociales como las que existen donde residen y en los países próximos, como fingiendo que existen en el propio. Ven normal que el mercado de trabajo de su propio país sea opuesto al de su destino burocrático, y natural que el desempleo en su país siempre duplique la media comunitaria. Consideran que no es preocupante que el indice de precariedad laboral triplique en su propio país el del resto de países vecinos. Tampoco notan nada extraño en que el índice de pobreza duplique al resto, ni que los propios depatramentos europeos de los que cobran, digan que en eficiencia del gasto social sólo pueden comparar a España con Bulgaria.

De repente, en medio de la crisis, alguien tiene la ocurrencia de comentar que los señores diputados vuelven a sus escaños tras 48 días de vacaciones navideñas, y se suelta el loco. Los unos ponen a parir a una clase política que haciendo muchas declaraciones sobre la crisis, estaba en realidad disfrutando de unas largas vacaciones, ¡con un par!

Y saltan los de turno diciendo que la clase política es impresentable, a lo que los políticos pueden responder diciendo que ellos son como las estrellas del fútbol, tan cojonudos que se lo merecen todo. Y es verdad que están donde están por haber sido votados, por estar en una lista cerrada que los ciudadanos refrendan con sus votos. A la posición dentro de la lista se llega a propuesta de la propia organización en la que se han integrado. Aquí los ciudadanos ya no pintan nada, son cosas internas de los partidos políticos, se supone que los militantes eligen y deciden democráticamente.

El modelo español es representativo indirecto puro, una vez se ha votado, se pierde el control de la actividad de lo que se ha votado. El partido irá sacando los temas que crea convenientes, y el gobierno responderá actuando en consecuencia y legislando sobre el tema, las distintas administraciones se encargarán de llevarlo a cabo. Una crisis altera esta dinámica, y los hechos pasan a ser los que marcan la agenda en lugar de ser alrevés.

Es el momento de río revuelto, ganancia de pescadores. Oye uno en una cadena televisiva pública regional cómo el presentador empieza con una arenga sobre lo insoportable de la situación y la urgencia de un gobierno de "mano dura que aplique con mano de hierro las reformas necesarias y urgentes como cuando un cirujano amputa un miembro", y los tertulianos asienten, increíble. Cualquiera diría que lo que piden es una dictadura militar o su equivalente civil. Pero de soluciones nada, previamente algunos tienen que llegar al poder para poder ser autoritarios y luego ya se verá, que seguro que se obra el milagro.

Nadie dice nada de consultar a los ciudadanos antes de aprobar leyes que cambien sus condiciones de vida, no hace falta, para eso ya están ellos, no hay que consultar nada no vaya a ser que nos lo tumben los ciudadanos. Hay que limitar todo lo posible la capacidad de proponer, modificar o ser consultados, para que no puedan intervenir en el proceso de toma de decisiones de la "democracia".

Llega la presidencia europea rotativa de turno. Como las agendas las carga el diablo, tocan un par de temas poco gratos. Inaugurar el año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social, ¡vaya marrón!. España se mantiene desde hace décadas siempre en la cabeza de los principales motivos de pobreza y de exclusión social, el paro, la precariedad y la falta de ayudas sociales, las mismas que han firmado aplicar en España todos los anteriores gobiernos, desde que en los años 60 tuvo que firmar la Carta Social Europea para poder solicitar el ingreso en la entonces C.E.E. una tontería, cincuenta años con la asignatura suspendida y pasando de curso, para que luego digan.

Ruido, mucho ruido, todos se ponen a dar voces y hablar a la vez como en esas tertulias donde los participantes se gritan impidiendo que se entienda lo que dice otro, para interrumpirle y evitar que pueda hablar, agotando su turno de participación con tal artimaña infantil. Para colmo, se hereda otro muerto que no hay por dónde coger. Una herencia maldita del Tratado de Lisboa.

La Iniciativa Ciudadana Europea, un mal asunto. El documento dice que las mismas cosas que se exigen en España para la versión autóctona de la iniciativa son a nivel europeo, abusivas. Acortar plazos, pedir un número de firmas descabellado, exigir que se presente un texto legal completo, o dejar la toma en consideración de la iniciativa a la arbitrariedad, sin necesidad de justificación alguna, de manera que si supera todas las trabas, se pueda tirar en una papelera, junto con todas las restricciones sobre materias que impidan que sea viable la iniciativa ciudadana, son consideradas trabas tendentes a impedir la participación de los ciudadanos de manera democrática en el sistema, por dificultar a los mismos proponer normas, aunque tengan un amplio apoyo ciudadano.

Se propone para Europa, con 500 millones de habitantes, que se recojan un millón de firmas. Aplicando la lógica del Tratado de Lisboa, una iniciativa ciudadana no debería de exigir en toda España más del 10% por tener ese porcentaje aproximado de población con respecto al total de Europa, unas cien mil firmas deberían de ser suficientes. Pues se piden 500 mil, es decir, para la Iniciativa Ciudadana Europea, necesitas cinco veces menos firmas que para su equivalente español, que de paso, aplica lo que el Tratado suscrito define como trabas e impedimentos.

Copiar la ley adaptándola a 17 territorios pero aplicando todas las limitaciones aparte de añadir otras para adaptar las mismas al ámbito regional, enmaraña más el asunto, así que España ha firmado en al tratado de Lisboa algo que acepta para los ciudadanos europeos pero no para los ciudadanos españoles como tales, sólo como europeos . Volvemos a los desdoblamientos de personalidad que padecen los españoles en cuanto pasan los Pirineos con cargo a los contribuyentes de nuevo, aunque esta vez el escenario haya sido Lisboa, pero en ese momento mágico, Lisboa es tan europea que imaginariamente está también al otro lado de la cordillera, esquina Bruselas.

Entre la gran coalición, el santo consenso, las elecciones anticipadas y la mano de hierro del persentador de tertulia, están todos, los partidos, los políticos, la administración, los periodistas, puede que algún alto cargo sindicalista, es la opinión pública que refrenda el modelo. Nadie dice ni mu de estos temas, la crisis da mucho juego. Así que por mucho que se inicie un proceso de consulta pública abierta sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, ningún agente social, político, sindical o de los medios de comunicación reconocidos, dice esta boca es mía sobre el tema.

No hay artículos, no hay editoriales, desde el 11 de noviembre de 2009 hasta el 31 de enero de 2010, está habililtado un sitio web para que los ciudadanos envíen unas respuestas a un cuestionario propuesto sobre el tema. Nadie dice nada, hay temas mucho más importantes que los dos primeros de la agenda, por ejemplo, la necesidad de promover el turismo cultural en Europa. Curioso planteamiento cuando el turismo hacia Europa suele ser cultural y no de sol y playa como es el caso de España.

Los que con tanto entusiasmo predican las bondades de Europa, el europeísmo fuera de toda duda de España, la vocación europea del país, se pueden encontrar con que los temas de turno no sean agradables en exceso. La pobreza y la exclusión por un lado, y la Iniciativa Ciudadana por el otro, se vuelven invisibles a la opinión pública, es mejor hablar del turismo cultural o de la necesidad de promover políticas de igualdad en toda Europa.

El nivel de progreso social, las coberturas y ayudas para reducir la pobreza, no se deben de tratar, son cosa que no se pueden remediar porque son así, la participación ciudadana es un tema que puede sustituírse por la igualdad, cosa de la que en Europa andan atrasados al parecer, aunque los ciudadanos del territorio comprendido entre los Pirineos y Polonia sean en protección, coberturas, salarios y ayudas sociales bastante iguales entre sí, cosa que no se puede decir de los ciudadanos españoles con respecto a ellos.

Total que en un país donde no se recibe ayuda alguna a las familias, ni a la renta de las personas, lo que nos preocupa es que los demás acepten que existen diferentes formas de familia, pero sin soltar un duro. Y reivindicamos el fin del trato discriminatorio por distintos motivos, culturales, de orientación sexual, de discapacidades, pero evidentemente, obviando el problema de desigualdad social que supone para los desempleados no tener trabajo; la igualdad en el trato y la defensa de la no discriminación de determinados colectivos, no evita que los datos digan que en España hay más de 1.200.000 familias con todos sus miembros en paro, pero no hay ayudas a la familia reales, como mucho medidas fiscales para que se desgrave una cantidad máxima el que gane lo suficiente para poder hacerlo.

La idea puede ser buena siempre que no sustituya a la realidad de las cosas. Un alto índice de desempleo implica que no hay igualdad de oportunidades para acceder a un trabajo que suponga un salario digno para cubrir satisfactoriamente las necesidades propias y de la familia. ¿Se habla entonces de los que tienen empleo como aquellos que deben de ser más igualitarios entre sí?, pues no tiene mucho mérito el asunto si partimos de que hay unos más iguales que otros.

Podemos preguntarnos si los sucesivos gobiernos de España han hecho mucho por converger en políticas sociales ya que el mercado laboral es una jungla de contratos basura precarios subvencionados, al menos eso compensaría el elevado índice de paro que provoca la rotación de trabajadores que el sistema laboral español permite. Raquitismo es la palabra más aproximada para hablar de estas materias de políticas sociales comparando los datos españoles con los de los países vecinos. Nada nuevo bajo el sol.

En la presidencia española del año 2.000 los datos de España eran igual de malos, el gasto social igual de corto e ineficiente y la desigualdad en nivel de vida con los vecinos del norte igual de grande, la precariedad laboral era la misma, y calculando sobre el 60% del salario medio, el mismo 20% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. El gasto social era del 20% del PIB, como siempre, frente a una media del 30% de los países a los que España daba explicaciones de cómo logar el déficit cero. No dando nada.

¿Se puede permitir un sistema como el español una iniciativa ciudadana equiparable a la europea?. El sistema se podría ver alterado. Con un planteamiento similar, los ciudadanos podrían imponer la obligatoriedad de consulta de leyes generales de importancia, por ejemplo. ¿Podrían promover iniciativas que fuesen en dirección contraria a las que desean los partidos políticos y sus representantes electos, así como las administraciones correspondientes?.

¿Qué harían los ciudadanos si pudieran derogar artículos de leyes que consideran dañinos para el interés común?, ¿habría en España 16 modalidades de contratos temporales, en lugar de una sola y justificada?, ¿habría despido libre o se exigiría una causa que lo justificase?, ¿existirían trabajadores prejubilados con cargo al erario público con salarios muy superiores al salario medio cobrando por no trabajar desde los cuarenta y pico años de edad?, ¿se fomentarían algunos contratos en perjuicio de otros mediante la subvención de los mismo con dinero público para el empresario?, ¿se exigiría transparencia electrónica a todos los gastos de todas las administraciones?, ¿se pediría el mismo nivel de protección social que en los países de la Europa continental?, ¿exigirían un salario mínimo como el de los vecinos del norte?.

Vaya par de bombones los del Tratado de Lisboa y el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza, evidentemente en las aportaciones a la iniciativa no aparece ninguna de organismos públicos ni de organizaciones de España, pero del resto de países tampoco se ve gran cosa. Nadie debe de haber informado cumplidamente a los ciudadanos de sus respectivos países, a la vista del volumen exiguo de respuestas. ¿Podemos concluir que a los ciudadanos no les interesa participar en procedimientos que no saben que existan, luego el tema no les interesa, porque no hay más que ver la escasa participación?.

Ha sido como entrar en al jardín e ir a meterse en las zarzas de cabeza, o puede que las zarzas estuvieran ya en la puerta colocadas desde antes. Por la importancia que se le ha dado, y lo que se ha difundido a la opinión pública, vistos los resultados, parece que una serie de gobiernos firmaron en Lisboa algo que no habían leído detenidamente, la puesta en funcionamiento de una herramienta para promover iniciativas ciudadanas por aquello de hacer a la Unión Europea un poco democrática y participativa, cosa que no estaba en su mente al firmar, y para cuando se han dado cuenta de lo que habían firmado, se han llevado las manos a la cabeza y han decidido todos pasar un tupido velo sobre tan conspícuo asunto.

Sólo faltaría que el modelo europeo acabase siendo un mecanismo para que los ciudadanos sean los que decidan qué cosas quieren que se legislen en su propio interés y beneficio, en ese caso, la agenda no la marcarían desde los partidos y se verían obligados a meter temas que no tenían pensado incluír, como los antes citados. Claro que si las organizaciones se encuentran con tal posibilidad, ellas mismas, partidos, sindicatos, asociaciones, pueden promover iniciativas mediante la recogida de firmas.

Pues sería una gran putada hacerles trabajar teniendo que proponer iniciativas a la sociedad, al parecer, pues no mentan la bicha, se iban a encontrar, de todos modos, con que no les quedaría más remedio que dedicarse a proponer iniciativas que les supusiesen más votos, y eso es una mecánica de producción, que implica un trabajo contínuo. Si los partidos no lo hacen, lo pueden promover tanto organizaciones civiles como ciudadanos particulares, así que aunque se quedasen parados el mecanismo seguiría funcionando, lo que les obligaría a moverse por necesidad.

Y si no hay control sobre las normas que se aprueban, ni deben de aprobarlas los ciudadanos, ni pueden cambiarlas, y esto es así de manera jerárquica hasta la última esquina del territorio, se corre el riesgo de que todo el sistema se acabe basando en la arbitrariedad, "hago lo que me de la gana y te aguantas que en cuatro años tienes que acatar y obedecer lo que yo te imponga". Podría darse el caso de que la arbitrariedad llevase a decidir qué terrenos son urbanizables y cuáles no lo van a ser mientras ocupe el poder un determinado grupo. Un poco más arriba en el escalafón, una administración regional puede arbitrariamente decidir qué planes urbanos aprueba y cuales no, o si necesita gastar dinero en diversos eventos, viajes, hoteles, promociones mundiales, obras, alquileres, comidas y cenas, oficinas comerciales en el extranjero, etc. por el bien de todos. Entra dentro de los márgenes del período de arbitrariedad entre procesos electorales.

La arbitrariedad necesariamente acaba dando por resultado la corrupción. Se acaban creando redes clientelares entre la administración y el exterior. La obra pagada con dinero de los contribuyentes sale mucho más cara de lo presupuestado, el doble, por ejemplo, al parecer la administración ha decidido que es mucho mejor pagar más por el mismo proyecto. Alguien compra todos los terrenos por los que va a pasar una futura autovía regional y los respectivos ayuntamientos los califican como urbanizables antes de que se expropien y se paguen con dinero público. Casualidades de la vida, ha sido un golpe de suerte y el gran ojo para los negocios de alguien.

La arbitrariedad administrativa hispánica y la democracia no son demasiado compatibles, para ser efectiva necesita que los ciudadanos no puedan hacer nada para impedirla y para eso no pueden existir mecanismos demasiado participativos ni consultivos, en caso contrario se caen los palos del sombrajo. Las iniciativas ciudadanas pueden ser un marrón para las clases política y administrativa de los estados con sistemas indirectos puros.